Fomento y Diputación General de Aragón han firmado un convenio de colaboración para la financiación de obras y estudios que mejoren la operatividad de la línea ferroviaria que une Zaragoza con Valencia.
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El convenio fue firmado a tres bandas el pasado día 12 por el consejero de Obras Públicas en funciones, Rafael Fernández de Alarcón, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de Adif, Gonzalo Ferré.
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Este convenio, largamente esperado supone una aportación total de 4,8 millones de euros, de los que 1,8 corresponden al gobierno autonómico y el resto al gobierno central a cargo del Ministerio de Fomento. Estos desembolsos se realizarán de forma plurianual consignados a los presupuestos de 2015 y 2016. La firma celebrada corresponde al acuerdo para financiar la instalación del sistema de seguridad tren-tierra entre Teruel y Zaragoza que permita la comunicación permanente entre los trenes y el Puesto de Mando y el estudio para el alargamiento de vías en estaciones de manera que éstas permitan el cruce de trenes de hasta 750 metros de longitud.
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Esta noticia ha sido recibida con un sentimiento agridulce puesto que la gestación de este convenio ya venía de hace dos años, lo que supone una demora larguísima en unas actuaciones hace tiempo demandadas, mientras se veía cómo en otras líneas, como el corredor del Mediterráneo, sus inversiones se han visto aceleradas.
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Hay que señalar que el plazo de ejecución es de dos años, excesivamente prolongado para la entidad de las actuaciones propuestas. De esta manera, no se garantiza que el tren-tierra, que se considera indispensable y prioritario para el aumento de capacidad de trenes de mercancías, sea operativo antes de finales de 2017.
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Por otro lado, si, como se estima, la cuantía asignada a la instalación del tren-tierra supone unos 1,7 millones de euros, el resto de 3,1 millones parece una suma demasiado elevada para la mera realización de estudios, cuando durante todo este tiempo se ha estado hablando que dicha cantidad podría cubrir las obras de ampliación de dos estaciones. En concreto se venía hablando de la conveniencia de alargar las vías de apartado de Ferreruela y Jérica. Sin embargo, el convenio firmado no apunta ni a la cantidad ni a la situación de los apartaderos que quedarían integrados en la actuación (Jérica, en principio, quedaría descartado puesto que pertenece a la Comunidad Valenciana).
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Por lo tanto, los agentes sociales recelan de que esta firma de convenio no sea más que una nueva puesta en escena para dar largas a unas apremiantes y muy necesarias inversiones a las que que ni el gobierno central ni el autonómico parece dar la importancia que realmente tienen para lograr la total operatividad de la línea de cara al relanzamiento del transporte, especialmente de mercancías.
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